Guerra contra las Drogas=Guerra contra la Gente
Nosotras y nosotros, ecuatorianas y ecuatorianos, ciudadanos consumidores y ciudadanos no consumidores, libre y voluntariamente, con la motivación plena y activa en la construcción del Régimen del Buen Vivir, a través de procesos permanentes de construcción del Poder Popular y en plena comprensión de que “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”. (Art.1 principios fundamentales de la Constitución de 2008).
Presentamos en carta pública al “Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (art.1), algunas reflexiones que proponemos se fundamenten en el principio de deliberación pública de una problemática altamente sensible que ha sido capaz de destruir la cohesión del tejido social sobre el cual descansa el efectivo goce de los derechos establecidos en el pacto social vigente (Constitución, 2008).
La Difusión y la Educación debe considerarse como un aspecto sobre el cual debemos generar contenidos conjuntamente entre el Estado y los ciudadanos, mismos que debemos ser conscientes que una política pública soberana y contra-hegemónica que propicie un cambio efectivo de la matriz productiva, debe sustentarse en la discusión en la esfera pública de opinión.
Nuestras reflexiones nacen así desde el pensamiento crítico frente a las realidades de modelos hegemónicos de control social mediante los cuales la “guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra las personas”. Esto lo podemos ejemplificar sustentándonos en un informe generado por la Defensoría Pública y el Colectivo de Estudios Drogas y Derechos, y sobre el cual mostramos la coincidencia frente a la urgente necesidad de generar:
- La proporcionalidad para la construcción de criterios de autoría y participación, basada en el establecimiento de roles, diferenciando de esta forma el reproche penal de los tráficos a gran escala con los de menor rango.
- La proporcionalidad de las penas, estructurada bajo la determinación de una breve escala de castigo que evite desbordar el tiempo del encierro, distinguiéndose así de los delitos que comportan típicamente violencia como el homicidio o la violación.
- La proporcionalidad para la determinación de los umbrales, legitimándose de esta forma los urgentes y necesarios criterios para el establecimiento de dosis legales para el uso o consumo, con el fin de evitar criminalizar “técnicamente” al consumidor o usuario de drogas a través de subjetivos y disímiles peritajes o sentencias. (DEFENSORIA PÚBLICA/CEDD: 2012)
Esta política de sumisión a los designios imperiales, lo único que ha logrado es criminalizar a los más pobres, esto se demuestra en el hecho de que la principal causa por la que los ecuatorianos van presos son las violaciones a la ley 108. Actualmente el 25,15% de los presos en nuestro país, es decir, 5283 personas se encuentran detenidas por nuestra incapacidad de superar ésta lógica de sumisión (MJDHC 2013). Para 2010 entre el 75% y el 85% de las mujeres detenidas en el Ecuador estaban tras las rejas acusadas por delitos relacionados a “drogas” (INFORME WOLA: 2010).
Esta política aparece totalmente injustificada, cuando según datos del CONSEP, el consumo de marihuana, la sustancia psicoactiva ilegal de más uso en nuestro país y en el mundo, no alcanza una ni el 0,7% de prevalencia anual, es decir, apenas el 0,7% de los ecuatorianos afirma haber consumido marihuana en el último año. Invertimos monumentales cantidades de recursos para controlar la oferta y no se exige ninguna reciprocidad a los países del “primer mundo” que concentran la demanda.
Para 2010 se supo que en Ecuador se había encontrado sembríos del arbusto de coca en una superficie total de apenas 25 hectáreas. En este mismo sentido, de los 10.000 laboratorios clandestinos de fabricación de droga que se destruyeron en el mundo en el año 2008, sólo 3 estaban en Ecuador. El 99% de laboratorios atacados por las autoridades estaban en Colombia, Perú y Bolivia (JIFE, 2010: 86). Afirmamos, en base hasta lo aquí expuesto, que el Ecuador mantiene irresponsablemente una de las legislaciones sobre drogas más severas y punitivas del continente y que esto tampoco se debe a que sea un gran centro de producción de drogas ilegales.
Sin embargo, creemos que la propuesta no sólo se debe centrar en la reforma jurídica, misma que implica, en primer lugar: un reglamento. Mismo que siendo coherente con el artículo 364 de nuestra constitución, determine las dosis máximas de consumo, pero también formas alternativas de producción y distribución que, a su vez, le quiten parte de su financiamiento al crimen organizado (Autocultivo). En segundo lugar, estaremos movilizados y vigilantes para que el Código Penal Integral se incorporen los criterios jurídicos necesarios para implementar una política de regulación a todas las sustancias con propiedades psicoactivas, así como un tratamiento integral que permita transformar “la problemática de las drogas” en una oportunidad que nos acerque al Buen Vivir.
Ante lo anteriormente expuesto “exigimos nuestro derecho a una cultura de paz”, reafirmamos la necesidad de políticas públicas que no se centren en las “drogas” y su guerra en desmedro de las personas, sino que afirmamos que las políticas públicas interculturales deben promover, a través del fortalecimiento del poder popular, el tratamiento endógeno (propio) de las sustancias con propiedades psicoactivas, mancomunando los esfuerzo en la construcción del Buen Vivir.
Nuestra propuesta concreta, una vez que se identifica a las personas que han víctimas de la “guerra contra las drogas”, se plantea su inclusión social mediante un ciclo productivo que comprende 4 eslabones:
- Investigación Científica y Social para generar nuevo conocimiento que nos permita, basados en nuestra propia capacidad de entender la realidad, construir nuevas formas de relación y de producción.
- Asociación de los individuos en Comunidades Populares de Producción, de Investigación, de Educación, etc. Bajo los principios de la Economía Popular, Social y Solidaria.
- Generación de Valor Agregado (Industria Nacionales Comunitarias), basadas en la producción de las comunidades asociadas se generará valor agregado a la producción, logrando así nuevas dinámicas de relación.
- Distribución, la producción de las Industrias Nacionales Comunitarias, al estar compuesta de productos estratégicos ligados a esta nueva política de producción serán prioridad para los Sistemas de Gestión Pública.
Este ciclo productivo autosustentable, que podría comenzar con la producción de cáñamo, puede ser aplicado a cualquiera de las áreas de la producción en nuestro país, así mismo puede ser garante integral de nuestra construcción de soberanía y Buen Vivir, no solo porque reconoce la opresión de la que injustamente han sido víctimas miles de personas, sino que le ofrece a nuestra sociedad una posibilidad cierta de cambiar su matriz productiva, generando dinámicas de justicia social.
Ecuador Cannabico
Concientizate Ecuador
Sisak Paway
Asociación de Defensores del Uso del Cáñamo
Organización DiablUma
Quito-Ecuador, Mayo 2 de 2013
